Un juez federal en Miami declaró culpables a dos ciudadanos cubanos arrestados en 2024 de tráfico de personas, informó este martes la Fiscalía de EEUU del Distrito Sur de Florida.
Yordany Capote-León, de 31 años, y Yuniel Cabrera Piloto, de 44, partieron de Estados Unidos hacia las Bahamas en una embarcación con camarote, el 24 de octubre de 2024, según documentos y declaraciones realizadas en audiencias judiciales.
Durante su estancia en aguas bahameñas, Capote-León y Piloto embarcaron a 18 personas y emprendieron el regreso a Estados Unidos.
"La tripulación del escampavía Manowar, de la Guardia Costera estadounidense, observó la actividad sospechosa y siguió la embarcación", dijo la Fiscalía federal en un comunicado. Una vez en aguas de EEUU, frente a la costa de Cayo Largo, en la Florida, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se acercaron a la lancha rápida y ordenaron a los conductores que se detuvieran. Capote-León y Piloto ignoraron las órdenes y continuaron su marcha.
"La embarcación finalmente se detuvo después de que se hicieran disparos de advertencia. Todas las personas encontradas a bordo fueron transferidas al escampavías Manowar de la Guardia Costera de EEUU. Una vez a bordo del escampavías, las fuerzas del orden determinaron que las 18 personas a bordo, además de Capote-León y Piloto, eran ciudadanos ecuatorianos que no tenían autorización para ingresar a Estados Unidos", detalla la nota.
Tres de los inmigrantes indocumentados encontrados en la embarcación, identificados como Jorge Fabián Albarrásín Cabrera, Marcelo Patricio Pesantez-Merchán y Juan Carlos Villa Arpi, habían sido previamente deportados de Estados Unidos.
Capote León, Piloto, Cabrera, Merchan y Arpi fueron trasladados a tierra para enfrentar cargos. Todos los acusados se declararon culpables. El resto de los extranjeros fueron repatriados a las Bahamas, informó la fiscalía federal.
Capote León fue sentenciado a 37 meses de prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada, mientras que Piloto enfrenta hasta 10 años de prisión, seguidos de hasta tres años de libertad supervisada, y una multa de hasta 250 mil dólares.
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